Actuación de la Inspección de Trabajo ante denuncias de los trabajadores por el coronavirus

Actuación de la Inspección de Trabajo ante denuncias de los trabajadores por el coronavirus

Inspección de trabajo y coronavirus: ¿Puede la inspección de trabajo paralizar trabajos en las empresas por incumplimiento de medidas del ministerio de sanidad?


Ante denuncias por los trabajadores o sus representantes, por la existencia en los centros de trabajo y actividades laborales de *riesgo grave e inminente de exposición y contagio del coronavirus, que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, es algo que forma parte de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a escala nacional e internacional.

“Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.

 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata”. (Art. 4.4. LPRL).

Teniendo en cuenta que en los casos en que dicho riesgo no deriva del propio trabajo, ni de la naturaleza de la actividad en las empresas y centros de trabajo, no se puede considerar que sea en sí un *riesgo laboral, sino que estamos ante un riesgo de que se produzca el contagio de una enfermedad infecciosa en el entorno laboral. Es un riesgo de salud pública que afecta a toda la ciudadanía con carácter general.

“Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”. (Art. 4.2. LPRL).

Estamos ante una crisis sanitaria que ha dado lugar a que el Gobierno declare el estado de alarma en todo el territorio nacional por suponer una alteración grave de la normalidad ciudadana.
Como consecuencia, *se han suspendido la realización de determinadas actividades como medida de contención del progreso de la epidemia, pues pueden suponer un riesgo de contagio.

*“Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando”. (Art.10.1. Real Decreto 463/2020).

 

Reserva a favor del Ministro de Sanidad

Tanto la Ley General de Salud Pública (Ley 33/2011) como el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, atribuyen a la autoridad competente sanitaria la potestad de adoptar, mediante resolución motivada, medidas de cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias o la suspensión del ejercicio de actividades. Por tanto, compete exclusivamente a la autoridad sanitaria, no a la Inspección de Trabajo ni a la Autoridad Laboral ni a los representantes de los trabajadores adoptar medidas de paralización de actividades en empresas y centros de trabajo por considerar que existe un riesgo de exposición a la enfermedad para los trabajadores.

 

Conclusiones sobre la actuación de la Inspección de Trabajo ante denuncias de los trabajadores por el coronavirus

 

1.Los Inspectores de Trabajo no pueden paralizar trabajos, tareas o actividades por riesgo grave e inminente, si se apreciase la existencia de riesgo de exposición y de contagio por incumplimiento de las medidas preventivas acordadas por el Ministerio de Sanidad.


2.Los Inspectores de Trabajo, solo y exclusivamente, pueden paralizar trabajos, tareas o actividades por riesgo grave e inminente, si se constatase la existencia de riesgos laborales graves e inminentes por los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales (PRL) considerados aisladamente y no en concurrencia con incumplimientos de las medidas preventivas sanitarias.

3.En el caso de constatación de incumplimientos de medidas preventivas sanitarias frente al coronavirus, en empresas en cuyas actividades los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de su actividad laboral, se procederá:

– Informar a los responsables de la empresa de las medidas fijadas por las autoridades sanitarias y advertir de la obligatoriedad de aplicarlas.

– En caso de mantenerse el incumplimiento, se informará a las Autoridades Sanitarias competentes que podrán aplicar, en su caso, las medidas establecidas en la *Ley General de Salud Pública.

* La autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:

a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

b) La intervención de medios materiales o personales.

c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

d) La suspensión del ejercicio de actividades.

e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

Las medidas se adoptarán de forma inmediata, sin previa audiencia de los interesados, dado que nos encontramos en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población. Su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares correrán a cargo de la persona o empresa responsable.


¿Qué tipo de informe deben emitir los inspectores de trabajo ante un acuerdo de paralización por los representantes de los trabajadores?


Acuerdo de paralización por los representantes de los trabajadores


Teniendo en cuenta que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario está obligado a adoptar las medidas que eliminen y eviten tal riesgo. Si así no lo hiciere, los representantes legales (Comité de empresa y/o Delegados de Personal) de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

 

Actuación de los Inspectores de Trabajo: informe a emitir

Dado que el riesgo de exposición al coronavirus no se puede considerar que sea un riesgo laboral, los Inspectores de Trabajo no tienen por qué pronunciarse sobre si se está o no ante una situación de riesgo grave e inminente desde la visión de la PRL.

 

Contenido del informe

a) Sobre el cumplimiento en la empresa o centro de trabajo en cuestión de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con aquellas obligaciones empresariales con incidencia en la mayor o menor exposición de las personas trabajadoras (lugares de trabajo: superficie libre de trabajo por persona trabajadora de 2 metros cuadrados, disposiciones sobre servicios higiénicos, orden y limpieza).

b) Sobre la adopción de las medidas preventivas acordadas por las Autoridades Sanitarias, en particular las referidas a los lugares y centros de trabajo ( distancia interpersonal de dos metros, equipos de protección individual, medidas de higiene personal y desinfección de lugares y equipos de trabajo reutilizables y sobre el cumplimiento de las medidas establecidas en los documentos que recogen Procedimientos o Guías para proteger a los trabajadores en general frente al riesgo de exposición, y los particulares referidos a determinados colectivos como los profesionales sanitarios o el personal de residencias de mayores ( “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus (sars-cov-2)”, versión de 24 de marzo de 2020)

c) El informe podrá tener en cuenta y recoger cuál de los escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el entorno laboral se puede estar dando en la empresa, conforme a la Tabla que figura en el Procedimiento del Ministerio de Sanidad, diferenciando, si la situación concreta lo requiere, entre los distintos departamentos de aquella.

d) El informe deberá analizar:
-La conducta empresarial.
-La legitimación para acordar los representantes de los trabajadores la paralización en cada caso concreto:

1. Que, ante la existencia de un riesgo laboral, el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Circunstancia que presupone un conocimiento previo del riesgo por parte del empresario.

2. Que la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por el riesgo se lleve a cabo de conformidad a lo establecido legalmente (la mayoría de los representantes legales de los trabajadores (comités de empresas, delegados de personal o secciones sindicales, según los casos, por decisión mayoritaria de los delegados de prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

3. El informe deberá verificar si se ha solicitado previamente la adopción de medidas por los representantes de los trabajadores y si el empresario no adoptó o no permitió la adopción de las medidas que evitaran el riesgo.

4. Si el acuerdo es legítimo, es decir, si se adoptó por los representantes que se señalan en el precepto legal.

NOTA


La participación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social solo procederá cuando la Autoridad Laboral requiera el informe al que nos hemos referido.

No obstante, se procederá a dar traslado a la respectiva Autoridad Laboral de la comunicación recibida y a los comunicantes de que se ha procedido en ese sentido y de que es aquella la que tiene la competencia para confirmar o levantar la paralización.

 

¿Qué medidas han de adoptar los inspectores de trabajo en las empresas en las que los trabajadores estén expuestos a agentes biológicos?

En este tipo de empresas el riesgo de exposición al coronavirus sí se puede considerar que supone un riesgo laboral (clínicas y centros sanitarios en general)

Los Inspectores de Trabajo comprobarán:


a) Cumplimiento de la normativa general de prevención de riesgos laborales.
b) El RD 664/1997, de agentes biológicos.
c) Guías, Procedimientos, protocolos y demás documentos técnicos elaborados por el Ministerio de Sanidad para la prevención y control de la exposición de los trabajadores sanitarios al coronavirus.

Incumplimientos empresariales


Darán lugar a levantar Requerimientos, vía art. 43 de la LPRL y Actas de infracción.

Se excluyen la de paralización de trabajos y tareas por la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, en los supuestos previstos por el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos del COVID-19

¿Qué medidas han de adoptar los inspectores de trabajo en los centros de trabajo y actividades de las administraciones públicas?


Lo señalado en este Comentario también será de aplicación cuando se trate de centros de trabajo y actividades desarrolladas por empleados públicos, cualquiera que sea la Administración, salvo lo dicho respecto de los que desarrollen actividades comprendidas en el campo de aplicación del RD 664/1997 (Agentes biológicos).

Incumplimientos de medidas sanitarias preventivas o de las Resoluciones dictadas por los órganos competentes en materia de función pública


Se procederá a dar traslado del informe de los incumplimientos al jefe de la unidad administrativa inspeccionada, y de persistir los mismos, pese a las advertencias que se hubiesen formulado previamente, se remitirá informe a las autoridades sanitarias competentes, así como al Delegado o Subdelegado del Gobierno, si se tratase de unidades administrativas de la Administración General del Estado, o a la Consejería de Presidencia u órgano con las competencias en cada Comunidad Autónoma en materia de personal.

 

7 de Abril de 2020

El equipo Jurídico de Legal Services Abogados

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