Coronavirus y PRL: La importancia de un programa de cumplimiento Normativo

Coronavirus y PRL: La importancia de un programa de cumplimiento Normativo

Debido a la situación actual en la que nos encontramos derivada del COVID-19, las empresas van a estar expuestas al incumplimiento de obligaciones contractuales, sanciones administrativas y conductas de carácter penal, por omisión o por comisión.

En consecuencia, resulta a todas luces conveniente y necesario que las empresas, las organizaciones y las entidades conozcan los efectos para un futuro inmediato de las distintas normas que han sido aprobadas durante esta fase, y las que se dicten en períodos sucesivos, con la finalidad de no incurrir en conductas que pudieren ser constitutivas de diversos delitos, normas que se sumarían a las ya vigentes, estableciendo un marco de cumplimiento que de manera obligatoria ha de ser observado, actualizado y llevado a la práctica de manera correcta.

La crisis sanitaria ha supuesto un fuerte impacto para las empresas de los diferentes sectores. Ante este escenario, los empresarios no solo deben asumir la difícil tarea de garantizar la continuidad y buena marcha de sus negocios sino también velar por la seguridad y salud de sus trabajadores, tanto si la actividad laboral se desarrolla en el centro de trabajo de forma presencial como si la empresa ha optado por el <Teletrabajo> como medida laboral, para que los derechos de los empleados y, en especial, en materia de prevención de riesgos laborales, queden cubiertos.

Se abre una nueva etapa desde el prisma legal de la prevención de riesgos laborales, desconocida hasta ahora y que va a ser predominante para mantener y garantizar la salud social y económica de las organizaciones empresariales, ya sean grandes compañías como medianas y pequeñas empresas.

Por todo ello, la gestión actual de la prevención de riesgos laborales debe ajustarse a la situación excepcional causada por el COVID-19, adquiriendo especial importancia la necesidad de que las empresas dispongan de un protocolo de actuación y de prevención del delito diseñado de manera específica, en atención a su organización y específica actividad

El deber de los empresarios de proteger a sus trabajadores frente a cualquier riesgo laboral bajo el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se impone ahora de forma más exigente y rigurosa pues no solo la prevención laboral se ha ampliado, sino que ha adquirido un protagonismo relevante en el mundo de la actividad económica del país

El incumplimiento de las empresas (personas jurídicas) de sus obligaciones respecto a las medidas de protección y prevención en materia de higiene y seguridad en el trabajo, o en caso de haberlas adoptado, estas no se encuentren debidamente actualizadas podrá dar lugar en estos momentos a que se incrementen y potencien.


a) Sanciones administrativas


b) Responsabilidades penales de los empresarios (al poder estar cometiendo un delito contra la vida, integridad física y salud de los trabajadores)


Art. 316 del Código Penal sanciona“los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

No hay que olvidar que la responsabilidad penal que se deriva de las actuaciones u omisiones que pueden afectar gravemente a la seguridad y salud de los trabajadores, trata de compensar el daño que una persona pueda sufrir en el ámbito laboral y/o profesional.

En este sentido, cabe recordar que como consecuencia de la importante reforma de nuestro Código Penal aprobada por la Ley Orgánica 1/2015, se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A tal efecto, una empresa (persona jurídica) puede ser responsable penalmente de la acción u omisión de deberes de quienes actúen en su nombre (administradores, directivos, cadena de mando y hasta o empleados que tengan capacidad de actuar y decidir sobre comportamientos ajenos
También, el Código Penal a través de su artículo 31 bis incorpora la eximente o atenuante de la responsabilidad penal cuando se hayan adoptado y ejecutado, antes de la comisión del delito, medidas de vigilancia y control idóneas para prevenirlo o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En definitiva, se trata de poder acreditar el buen hacer del empresario cumplidor a través de la adopción de programas que tengan como fin garantizar el cumplimiento normativo.

c) Responsabilidades civiles que puedan derivarse de dicho incumplimiento.


En conclusión, resulta especialmente recomendable la implantación de un PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO actualizado, adaptado a la situación de crisis sanitaria y que tenga por objetivo evaluar y controlar el riesgo para la empresa de incumplir la normativa de prevención ante un delito laboral que afecta a la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo la empresa verse inmersa en un procedimiento penal ante los Tribunales.

La implantación de dicho Programa, desde una visión técnico-jurídica conforme a las nuevas directrices normativas y administrativas de los ministerios de Sanidad, Comercio y Trabajo, será y actuará como complemento a las funciones de asesoramiento y apoyo técnico en PRL de los Servicios de Prevención (SP) y aunque independiente de estas entidades, no por ello dejará de estar interrelacionada.

Inés Sánchez-Cervera

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