Funcionario interino que reclama sueldo de categoría superior

30 Dic Funcionario interino que reclama sueldo de categoría superior

En la Administración Pública no es infrecuente que determinados funcionarios desempeñen, de forma continuada, funciones propias de un cuerpo o categoría superior a la que formalmente ostentan. Un caso muy frecuente es el del personal administrativo que, sin haber sido nombrado técnico, instruye procedimientos sancionadores, elabora propuestas de resolución administrativa, forma a otros funcionarios o asume tareas de especial complejidad jurídica y técnica.

Sin embargo, pese a esta realidad funcional, su retribución sigue siendo la correspondiente a un puesto de inferior categoría, lo que genera una situación claramente injusta y contraria a Derecho.

¿Puede un funcionario interino reclamar un sueldo de categoría superior?

La realidad de los hechos frente a la mera adscripción formal

Desde Legal Services Abogados hemos tramitado numerosos casos en los que funcionarios acudían a nuestro despacho tras años desempeñando funciones de nivel técnico sin que la Administración reconociera ni abonara las retribuciones correspondientes.

En estos supuestos, nuestra actuación comienza con un análisis exhaustivo de la situación concreta del funcionario o funcionaria:

• Su vocación de servicio público,
• Su sentido de la responsabilidad,
• Las funciones reales y efectivas que se le encomiendan día a día, más allá de la denominación formal de su puesto.

Porque el Derecho Administrativo no puede construirse únicamente sobre una interpretación rígida de normas, sino que debe atender a la realidad de los hechos, principio reiteradamente reconocido por la jurisprudencia.

Fundamento jurídico de la reclamación

Las reclamaciones por desempeño de funciones de superior categoría se apoyan en pilares jurídicos sólidos y consolidados:

• El principio de igualdad y no discriminación salarial, recogido en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, que impide que situaciones iguales sean tratadas de manera desigual sin justificación objetiva y razonable.
• El Estatuto Básico del Empleado Público, especialmente sus artículos 3 y 14, que reconocen el derecho de los empleados públicos a una retribución adecuada a las funciones efectivamente desempeñadas.
• Una jurisprudencia constante de los tribunales contencioso-administrativos que establece que, cuando un funcionario realiza de forma habitual funciones propias de un puesto superior, tiene derecho a percibir las retribuciones correspondientes, con independencia de la ausencia de un nombramiento formal.

Vía administrativa y contencioso-administrativa

En Legal Services Abogados abordamos estos casos de manera estratégica, iniciando siempre una reclamación previa en vía administrativa ante la propia Administración empleadora. Cuando esta es desestimada —como ocurre con frecuencia— acudimos a la jurisdicción contencioso-administrativa, donde defendemos la equiparación retributiva basándonos en pruebas objetivas: informes internos, órdenes de servicio, testificales, organigramas funcionales y documentación administrativa.

Resultados obtenidos: reconocimiento y efectos retroactivos

Nuestro despacho ha obtenido sentencias favorables en las que los tribunales han reconocido el derecho del funcionario o funcionaria a percibir, con carácter retroactivo desde la presentación de la primera reclamación administrativa:

• Las retribuciones complementarias (complemento específico, de nivel y de destino).
• La retribución básica, incluyendo sueldo, trienios y pagas extraordinarias.

Estas resoluciones suponen no solo una compensación económica justa, sino también un reconocimiento profesional y jurídico del trabajo efectivamente realizado.

Conclusión

El desempeño de funciones de superior categoría sin la correspondiente retribución no es una situación excepcional, pero sí una vulneración de derechos que puede y debe ser corregida. En Legal Services Abogados defendemos que el compromiso, la responsabilidad y la realidad del trabajo diario de los empleados públicos deben tener reflejo en su reconocimiento económico y jurídico.

Porque en la Administración Pública, como en cualquier otro ámbito, a igual trabajo, igual salario.