Multa por saltarse el confinamiento: ¿Hay base Jurídica suficiente?

Multa por saltarse el confinamiento: ¿Hay base Jurídica suficiente?

Analizamos en este artículo si existe base jurídica suficiente para imponer una multa por saltarse el confinamiento así como los recursos que se pueden interponer ante estas

¿DECLARACIÓN DE ESTADO DE ALARMA O DE EXCEPCIÓN?

El estado de alarma se ha decretado por el Gobierno con base jurídica en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, siendo el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la norma por la que se ha declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, afectando a todo el territorio nacional.

A tal efecto, el Gobierno ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional al producirse una crisis sanitaria por el COVID-19 que ha supuesto una alteración grave de la normalidad del país.

Según el Gobierno tal declaración no supone la suspensión de ningún derecho fundamental.

Ahora bien, el artículo 55 de la Constitución de 1978, encuadrado en el Capítulo V (DE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES) de la Carta Magna establece que:

“Los derechos reconocidos en los artículos… 19… podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución”.

Precisamente el artículo 19 de la Constitución, comprendido en la SECCIÓN 1 (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) dispone: “Los españoles tienen derecho… a circular por el territorio nacional”

Como consecuencia de lo anterior nos podemos preguntar:

a) ¿La libre circulación de los ciudadanos por el territorio nacional ¿es un derecho fundamental de los mismos?

b) ¿Tiene encaje ese derecho en el estado de alarma declarado?

Primera Conclusión

Desde un punto de vista estrictamente jurídico el confinamiento de los ciudadanos puede afectar a derechos fundamentales y según los preceptos constitucionales anteriormente señalados y referenciados, podrían tener encaje constitucional en el estado de excepción o en el de sitio, no, en principio, en el estado de alarma, es decir, con base constitucional, solo se pueden suspender derechos y libertades fundamentales en el estado de excepción o en el de sitio.

¿SE HA LIMITADO LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS EN HORAS Y LUGARES DETERMINADOS?

El artículo 7 del Real Decreto que declara el estado de alarma limita la libertad de circulación de las personas por las vías o espacios de uso público, exceptuando la realización de una serie de actividades (adquisición de alimentos y productos farmacéuticos, asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo, etc.) que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada .

Ahora bien, el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica 4/1981, limita la circulación o permanencia de personas a horas y lugares determinados al establecer que el decreto que declare el estado de alarma podrá acordar la medida siguiente:

a) “Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”.

Segunda Conclusión

Se ha producido una suspensión general de la libertad de circulación que proclama la Constitución, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio a la que remite como acomodo jurídico el Real Decreto que declara el estado de alarma, solo establece: «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”

En principio, el apartado 1 de este artículo 11 no hace referencia a un presunto confinamiento total de la población en sus domicilios particulares, sino a limitaciones respecto a personas y vehículos en horas y lugares determinados.

La Ley Orgánica que regula el estado de alarma, excepción y sitio vuelve a señalar ,que la Autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, es decir, delimita la circulación de personas a horas y lugares concretos que se determinen, lo que precisará o hubiese precisado esa determinación.

¿EL INCUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA PUEDE SUPONER UNA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA?

El artículo 20 del RD 463/2020 establece escuetamente que el : “incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio”.

Es decir, el precepto mencionado se limita a remitir con carácter general a la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio.

La citada Ley Orgánica dispone en su artículo 20.1 que cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión entre otros del derecho a circular por el territorio nacional, la Autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, remitiéndose en su artículo 10.1 a decir que “ El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”

Como vemos, tanto la Ley Orgánica referida como el Real Decreto que declara el estado de alarma se remiten con carácter general a lo que dicen las leyes.

Tercera Conclusión

Si es confusa la base jurídica de la que parte la declaración del estado de alarma, nada impide recurrir con base legal la posible sanción económica que se imponga como consecuencia de una presunta infracción administrativa por indebida circulación de personas por el territorio nacional.


¿CUAL ES LA LEY POR LA QUE SE PUEDEN IMPONER SANCIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA?

Se trata de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.

La citada Ley considera sujeto responsable de las infracciones al autor del hecho que constituya tal infracción. En lo relativo al incumplimiento de lo dispuesto en el RD 463/2020 y en la normativa que lo complementa, esta ley orgánica considera la desobediencia o resistencia a la autoridad, cuando no sea constitutivo de delito, constitutivas de infracción grave y, por tanto, sancionables con multas desde 601 hasta 30.000 euros (Art. 39.1 Ley 4/2015).

Tipificación legal

Artículo 36.6 como infracción grave:

“La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

PLAZOS PARA RECURRIR MULTA POR SALTARSE EL CONFINAMIENTO EN VÍA ADMINISTRATIVA


a) Ampliación del plazo para recurrir 

El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación.

¿Tiene más dudas sobre multa por saltarse el confinamiento?

Desde nuestro despacho de abogados especializado en recursos y reclamaciones podemos resolverle sus dudas así como interponer los recursos oportunos que cada caso conllevara.

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El Equipo Jurídico de Legal Services Abogados