Nuevas medidas laborales: prohibición despidos y de no trabajar en servicios no esenciales (I)

Nuevas medidas laborales: prohibición despidos y de no trabajar en servicios no esenciales (I)

Analizamos y sintetizamos en este Comentario para su mejor comprensión, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas laborales complementarias, para paliar los efectos derivados del COVID-19, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En este primer Comentario I haremos expresa referencia al Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, abordando el análisis de los Centros sanitarios, la prohibición del despido por fuerza mayor, la agilización en la tramitación y abono de prestaciones por desempleo y la suspensión de los contratos temporales.

Entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2020, sin efectos retroactivos: 28 de marzo de 2020

¿POR QUÉ SE PUBLICAN ESTOS NUEVOS REALES DECRETOS EN MATERIA LABORAL?

Se justifica la publicación de estos nuevos Reales Decretos al advertir el Gobierno:

a) El estancamiento del mercado laboral.

b) El volumen de ERTE que se están presentando.

c) Intentar paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre los trabajadores.

d) La presión creciente sobre el Sistema Nacional de Salud y sobre los servicios asistenciales, resultando necesario adoptar nuevas medidas que profundicen en el control de la propagación del virus y evitar que el acúmulo de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos lleve a su saturación.

e) Limitar al máximo la movilidad y los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad.

f) Regular un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales.

g) Adopción de un paquete de medidas de carácter social dirigidas al apoyo a trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables, haciendo especial hincapié en aquellos que más lo necesitan.

h) La puesta en marcha de un conjunto de medidas de diversa naturaleza con impacto directo en el refuerzo de la actividad económica, así como actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos.

¿QUÉ OCURRE CON LOS CENTROS SANITARIOS Y DE ATENCION A PERSONAS MAYORES?


– Prohibición de tramitar ERTE a los centros sanitarios y de atención a personas mayores


No pueden tramitar ERTE, ya sean de titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que determinen el *Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como servicios esenciales:

-Centros, servicios y establecimientos sanitarios: hospitales, ambulatorios.

-Centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con discapacidad: residencias.

-Centros de día.

NOTA
La Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, en vigor desde el 2 de abril, establece en un Anexo como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Los trabajadores/as de dichos centros que no figuren en el Anexo de esa Orden tendrán que paralizar su actividad laboral y disfrutarán del permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio.

– Mantenimiento de su actividad

Teniendo en cuenta el carácter esencial de este tipo de centros, deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las autoridades competentes.

NOTA

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma (ciudadanos, funcionarios, Autoridades en general) será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.

¿LA FUERZA MAYOR Y LAS CAUSAS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PUEDEN JUSTIFICAR DESPIDOS?

“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido” (Art. 2 Real Decreto-ley 9/2020).

NOTA

Consideración de una situación de fuerza mayor


Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, darán lugar a que el empresario pueda suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

¿SE ENCARGA LA EMPRESA DE PRESENTAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO?

Se concreta el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada.

El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada referidos en el apartado C de este Comentario, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquellas.

En el supuesto de reducción de la jornada la solicitud presentada por la empresa comprenderá la determinación del porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.

Para acreditar la representación de los trabajadores, la empresa emitirá una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellos para su presentación.

La comunicación deberá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE en los supuestos de fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción.

Solicitudes presentadas antes del 28 de marzo de 2020: el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma.

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de suspensión del contrato o reducción de jornada habrá de ser coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

Certificado de empresa

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo tiene que figurar en el certificado de empresa.

Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo

Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo por suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor relacionados con el COVID-19 y suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción, serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, con anterioridad al 18 de marzo de 2020, siempre que deriven directamente del COVID-19.

NOTA IMPORTANTE sobre petición de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)

Es posible que exista un «error técnico» en el sistema de petición de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) diseñado por el Gobierno.

La solicitud donde se asigna en cada ERTE un número de referencia necesario para tramitar el paro de los empleados solo contempla cuatro dígitos.
Sería conveniente ampliar esta referencia a más dígitos, teniendo en cuenta que las empresas solo cuentan hasta el 3 de abril para hacer la petición de prestación de paro de sus trabajadores, con lo que los mismos no puedan empezar a cobrar su prestación por desempleo hasta el 10 de mayo.

¿SE INTERRUMPE EL COMPUTO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES?

La suspensión de los contratos temporales, los formativos, de relevo y de interinidad, por las causas de fuerza mayor y reducción de jornada supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.


¿ESTÁ LIMITADA LA DURACIÓN DE UN ERTE POR FUERZA MAYOR?

La duración de este tipo de expedientes de regulación de empleo autorizados no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

¿QUÉ SANCIONES SE PUEDEN IMPONER?

Serán sancionables:

a) Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.


b) la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.

c) El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones.

En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

¿CÓMO ACTUA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL?

Cuando la entidad gestora de las prestaciones por desempleo apreciase indicios de fraude para la obtención de las mismas, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos y, entre otros, la comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de ERTE por fuerza mayor y reducción de jornada.

2 de abril de 2020
El Equipo Jurídico de Legal Services Abogados

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