Poder de dirección del empresario y uso del ordenador por el trabajador

Poder de dirección del empresario y uso del ordenador por el trabajador

Poder de dirección del empresario

 

 

Los artículos 33 y 38 de la Constitución de 1978 proclaman el derecho a la propiedad privada y el derecho a que nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, así como se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

 

También, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores (LET), en su apartado 3, atribuye al empresario la facultad de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana. El citado poder de dirección y control de la actividad laboral se recoge, entre otras, en las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) de 10 de abril de 2.000, 10 de julio de 2.000 y 17 de diciembre de 2.012.

 

Como consecuencia, los derechos de los trabajadores tienen que adaptarse a los razonables requerimientos de la organización productiva en que se integran y la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de abril de 1994 manifestaba que “la relación laboral, en cuanto tiene como efecto típico la sumisión de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales, es un marco que ha de tomarse en forzosa consideración a la hora de valorar hasta qué punto ha de producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa que pueda colisionar con él”.

 

Así pues, en el marco de las facultades de autoorganización, dirección y control correspondientes a cada empresario, es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales.

 

Es obvio que la doctrina constitucional, como no podía ser menos, reconoce la existencia y el ejercicio de ese poder de dirección del empresario que las leyes explícitamente le otorgan, por lo que procede analizar su relación con el derecho a la intimidad en el marco de la relación laboral.

 

Derecho a la intimidad en el marco de la relación laboral

 

El artículo 10.1 CE establece que: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”, lo que viene a afirmar que el derecho a la intimidad personal, en cuanto derivación de la dignidad de la persona, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana y lo que garantiza el artículo 18.1 CE   es el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal, excluyendo que sean los terceros, particulares o poderes públicos, los que delimiten los contornos de la vida privada de las personas (sentencias TC de 14 de octubre de 2002, 29 de junio de 2009 y 23 de abril de 2013).

 


La intimidad protegida por el citado artículo 18.1 CE   existe también en el ámbito relacionado con el trabajo o la profesión, en que se generan relaciones interpersonales, vínculos o actuaciones que pueden constituir manifestación de la vida privada y así el TC ha afirmado que el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de las relaciones laborales
(sentencias de 10 de abril de 2.000, 10 de julio de 2.000, 30 de enero de 2.012 y 7 de octubre de 2013).

 

Ahora bien, el derecho a la intimidad no es absoluto, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo y sea proporcionado, afirman las sentencias TC de 9 de mayo de 1.994, 3 de abril de 2.002 y 9 de mayo de 2.013.

 

Inclusión del correo electrónico en el ámbito de protección del derecho a la intimidad.

 

 

Aun cuando la atribución de espacios individualizados o exclusivos como la asignación de cuentas personales de correo electrónico a los trabajadores, puede tener relevancia sobre la actuación fiscalizadora de la empresa, ha de tenerse en cuenta que los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.

 

El uso del correo electrónico por los trabajadores en el ámbito laboral queda dentro del ámbito de protección del derecho a la intimidad; el cúmulo de información que se almacena por su titular en un ordenador personal -entre otros datos sobre su vida privada y profesional- forma parte del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido; también que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado el derecho a la intimidad personal en la medida en que estos correos o email, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado, manifiesta la sentencia TC de 7 de noviembre de 2.011.

 

El ámbito de cobertura de este derecho fundamental viene determinado por la existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad.

 

Un criterio a tener en cuenta para determinar cuándo nos encontramos ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio ajeno, se recoge en la sentencia TC de 30 de enero de 2.012.

 

Adecuación del control empresarial

 

 

1.- Existe en la empresa una previsión colectivamente fijada sobre prohibición del uso del ordenador para fines personales

 

 

Si en la relación laboral solo está permitido al trabajador el uso profesional del correo electrónico de titularidad empresarial, su utilización para fines ajenos al contenido de la prestación laboral pudiera ser sancionable si su indebida utilización se encontrase tipificada como infracción, pues, en ese caso, regiría en la empresa una prohibición expresa de uso extralaboral, siempre que no constase que dicha prohibición hubiera sido atenuada o tácitamente consentida por la empresa.

 

En el supuesto planteado, el poder de control de la empresa sobre las herramientas informáticas de titularidad empresarial puestas a disposición de los trabajadores puede legítimamente ejercerse, ex art. 20.3 LET, tanto a efectos de vigilar el cumplimiento de la prestación laboral realizada a través del uso profesional de estos instrumentos, como para fiscalizar que su utilización no se destina a fines personales o ajenos al contenido propio de la prestación de trabajo.

 

2.-Comprobación si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad

 

 

Se hace necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones:

 

a) Si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad).

 

 

b) Si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad).

 

 

c) Si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

 

 

3.- Pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

 

 

Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el dato de la previsión de uso del ordenador para exclusiva utilización profesional es fundamental, puesto que de lo contrario, si el trabajador no está advertido de la posibilidad de que sus comunicaciones puedan ser objeto de seguimiento por la empresa, el trabajador podía razonablemente confiar en el carácter privado de las llamadas efectuadas desde el teléfono del trabajo o, igualmente, en el uso del correo electrónico y la navegación por Internet.

 

 

26 de febrero de 2020
El Equipo Jurídico de Legal Services Abogados

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